Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México invalidó el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), considerándolo violatorio del artículo 21 constitucional. Ocho ministros determinaron que el marco normativo para el traslado de la corporación desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, como lo establece el mencionado artículo.
El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil” y que el marco legal no permite interpretaciones diferentes. La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, sostuvo que es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública ciudadana, ya que las funciones de seguridad pública o ciudadana son de competencia exclusiva de autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea distinta.
La ministra Margarita Ríos Farjat expresó que al ser controlada operativa y administrativamente por militares, el carácter civil de la Guardia Nacional quedó en entredicho. Explicó que para llevar a cabo dicho proceso no se modificó el artículo 21 constitucional, sino que cambiaron leyes secundarias, entre las que destacan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Guardia Nacional.
Los ministros que se opusieron a la decisión de la mayoría fueron Loretta Ortiz Ahlf, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel Mossa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena en varias ocasiones, argumentando que es necesaria para combatir la corrupción en las fuerzas policiales y garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, la decisión de la SCJN es un revés para su gobierno, ya que la Guardia Nacional ha sido uno de los pilares de su estrategia de seguridad. López Obrador ha elogiado repetidamente la actuación de la Guardia Nacional, que cuenta con 130 mil elementos y ha establecido 280 cuarteles en todo el territorio nacional. Además, se espera que en un futuro próximo se construyan 500 cuarteles adicionales para proteger a la población.
La decisión de la SCJN es una victoria para aquellos que defienden la necesidad de que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil y para aquellos que cuestionan el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
