Estados Unidos. La presión de las autoridades estadounidenses sobre figuras relevantes de Morena continúa escalando. Un reportaje publicado por el diario estadounidense Los Angeles Times reveló que el gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con el crimen organizado, además de que ambos habrían perdido sus visas desde el año pasado.
La información, elaborada por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum para Puente News Collaborative y Los Angeles Times, sostiene que las pesquisas forman parte de una nueva estrategia de Washington para dirigir sus esfuerzos no sólo contra líderes de los cárteles, sino también contra funcionarios públicos y actores políticos presuntamente relacionados con estructuras criminales.
De acuerdo con el reportaje, Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los funcionarios de más alto perfil bajo investigación. Las fuentes consultadas por los periodistas, quienes solicitaron el anonimato debido a la sensibilidad de los casos, afirmaron que la visa del mandatario sonorense fue cancelada en 2025.
La relevancia de Durazo para las autoridades estadounidenses radica no sólo en su posición política, sino también en el papel estratégico de Sonora como una de las principales rutas para el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano. El exfuncionario federal fue además una de las figuras centrales en la implementación de la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, impulsada por López Obrador y severamente cuestionada por sectores políticos y especialistas debido al fortalecimiento territorial que registraron diversos grupos criminales durante el sexenio anterior.
El reportaje agrega que tanto Durazo como Américo Villarreal han continuado ingresando a Estados Unidos mediante un permiso especial denominado Significant Public Benefit Parole, una figura migratoria excepcional reservada generalmente para personas cuya presencia en territorio estadounidense es considerada de interés público relevante.
Según la publicación, dicho mecanismo suele utilizarse para permitir la participación de individuos en procesos judiciales, investigaciones federales o comparecencias ante grandes jurados. Los periodistas señalan que ambos gobernadores habrían utilizado este esquema para ingresar al vecino país pese a la cancelación de sus visas.
En el caso de Tamaulipas, la investigación estaría relacionada con operaciones de tráfico ilegal de combustibles, conocido popularmente como huachicol. Las fuentes consultadas por Los Angeles Times afirmaron que Villarreal cuenta igualmente con un permiso especial y que, durante sus cruces hacia Estados Unidos, ha sido acompañado por autoridades estadounidenses.
Las revelaciones se producen en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos respecto al combate al narcotráfico y la infiltración criminal en estructuras gubernamentales. El mismo reportaje recuerda que en abril pasado el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer acusaciones contra diversos actores políticos relacionados con Morena, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se señaló de presuntamente colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyos electorales.
La publicación estadounidense sostiene que las investigaciones continúan avanzando y forman parte de una política más agresiva de Washington para perseguir redes de protección política al crimen organizado.
Los periodistas también reportan que durante una reunión celebrada en mayo entre funcionarios estadounidenses y la presidenta Claudia Sheinbaum, se habría planteado la posibilidad de que Rubén Rocha enfrentara procedimientos judiciales en territorio norteamericano. La respuesta del gobierno mexicano, según la versión difundida, fue que cualquier determinación sobre el mandatario sinaloense corresponde exclusivamente a las instituciones nacionales.
La información divulgada por Los Angeles Times representa uno de los señalamientos internacionales más delicados para Morena en los últimos años, pues involucra a gobernadores en funciones y se suma a las acusaciones que han surgido recientemente contra actores políticos vinculados al partido gobernante.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni otras agencias federales estadounidenses han emitido información oficial adicional sobre el estado procesal de las investigaciones mencionadas en el reportaje. Sin embargo, el caso abre un nuevo frente de presión para el gobierno federal y para varios de los cuadros políticos más relevantes del movimiento oficialista, en medio del debate sobre la seguridad pública, el combate al narcotráfico y la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
