Ciudad de México. En medio de una coyuntura marcada por tensiones internas y cuestionamientos externos, Morena concretó la renovación de su dirigencia nacional tras la salida de Luisa María Alcalde, quien dejó el cargo para integrarse al gobierno federal. La designación de una nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional fue avalada en fast track, por unanimidad, durante el Congreso Nacional del partido, en un intento por mostrar cohesión y control político.
Sin embargo, el relevo en la dirigencia ocurre bajo la sombra de uno de los escándalos más graves que ha enfrentado el oficialismo: las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El señalamiento, que apunta a una supuesta relación con el Cártel de Sinaloa, derivó en la solicitud de licencia del mandatario estatal, lo que encendió alertas sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder vinculadas a Morena.
Pese a la gravedad del caso, durante el Congreso Nacional predominó un discurso centrado en la unidad partidista y la defensa del proyecto político, evitando profundizar en las implicaciones de las acusaciones. La dirigencia optó por cerrar filas y advertir sobre presiones externas, en lo que diversos analistas interpretan como una estrategia de control de daños.
El episodio no sólo exhibe la fragilidad del discurso oficial frente a temas de seguridad y legalidad, sino que también abre cuestionamientos sobre otros actores del partido que han sido señalados por presuntos vínculos con la delincuencia.
A medida que se acerca el proceso electoral de 2027, Morena enfrenta un escenario complejo, donde la renovación interna no logra disipar las dudas sobre su compromiso con el Estado de derecho. Por el contrario, el relevo en la dirigencia ocurre en un contexto que podría profundizar la desconfianza ciudadana y debilitar su narrativa de transformación.
