Washington, D.C. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa y operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades norteamericanas señalan que los acusados —funcionarios en activo y exservidores públicos— habrían conspirado con líderes criminales para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos a cambio de apoyo político y sobornos. La acusación subraya que se trata de perfiles de alto nivel dentro del gobierno estatal y de corporaciones de seguridad.
Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026
El documento detalla que integrantes de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían intervenido en el proceso electoral que llevó a Rocha Moya al poder en 2021, mediante prácticas de intimidación y secuestro de adversarios políticos. Posteriormente, según la versión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el mandatario estatal habría sostenido reuniones con dichos líderes criminales para acordar protección a sus operaciones ilícitas.
El caso fue anunciado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con autoridades de la Administración para el Control de Drogas, instancia que ha dado seguimiento a la investigación. La causa quedó bajo la responsabilidad de la jueza federal Katherine Polk Failla.
Junto al gobernador sinaloense, fueron imputados otros nueve funcionarios, entre ellos el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. También figuran mandos policiales y de procuración de justicia, señalados por presuntamente recibir pagos mensuales del crimen organizado a cambio de protección e información privilegiada.
Uno de los casos más graves es el de Juan Valenzuela Millán, excomandante policiaco, acusado del secuestro y asesinato de un informante de la DEA y un familiar en 2023. Según la acusación, ambos fueron torturados por su presunta colaboración con las autoridades estadounidenses. Millán enfrenta una posible pena de cadena perpetua obligatoria.
El resto de los implicados podría enfrentar condenas de entre 40 años y prisión vitalicia. De acuerdo con el informe, todos los acusados se encontrarían actualmente en México.
Este nuevo señalamiento se suma a una serie de procesos iniciados desde 2023 en el mismo distrito judicial de Nueva York, que acumulan más de 30 imputados relacionados con el Cártel de Sinaloa, lo que evidencia la creciente presión de las autoridades estadounidenses sobre redes criminales con presunta infiltración en estructuras de gobierno.
