Sinaloa. En medio de un escándalo que vuelve a poner bajo sospecha a gobiernos emanados de Morena, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia al cargo apenas dos días después de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La decisión, anunciada la noche del viernes 1 de mayo, ocurre en un contexto de creciente presión internacional y cuestionamientos internos sobre la presunta relación entre estructuras del poder político y el crimen organizado. Aunque Rocha Moya aseguró tener “la conciencia tranquila” y calificó las acusaciones como “falsas y dolosas”, su salida temporal del cargo evidencia la gravedad del señalamiento.
El mandatario justificó su licencia bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones; sin embargo, la medida ha sido interpretada por diversos sectores como un intento por contener el desgaste político que ya alcanza a la administración federal y al partido en el poder.
Por su parte, la Fiscalía General de la República exigió a las autoridades estadounidenses presentar pruebas que sustenten las acusaciones. Esta postura, lejos de disipar dudas, ha sido criticada por su tono reactivo frente a señalamientos que, por su naturaleza, demandan una investigación profunda y transparente.
El caso de Rocha Moya se suma a una serie de episodios que han alimentado la percepción de permisividad —o incluso cercanía— entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales, un señalamiento que ha sido recurrente en el debate público nacional e internacional.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta nuevamente un escenario de incertidumbre, en el que la lucha contra el narcotráfico parece diluirse entre discursos defensivos y decisiones políticas que, lejos de esclarecer, profundizan la desconfianza en las instituciones.
