Chicago, EE.UU. Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón” e hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante una corte federal en Chicago de graves delitos de narcotráfico, aceptando además convertirse en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Este giro en el caso podría sacudir a las estructuras criminales que durante años operaron bajo el manto del Cártel de Sinaloa.
Como parte del acuerdo con la justicia estadounidense, Guzmán López se comprometió a proporcionar “información completa y veraz” en toda investigación, juicio o proceso donde su testimonio sea requerido. A cambio, obtendría una condena significativamente menor a la cadena perpetua que inicialmente enfrentaba. El pacto también incluye el pago de 80 millones de dólares, monto que se estima proviene de ganancias ilícitas del narcotráfico.
En una audiencia ante la jueza Sharon Coleman, el narcotraficante reconoció haber dirigido la producción y el tráfico masivo de cocaína, heroína, metanfetaminas, marihuana y fentanilo hacia territorio estadounidense. Admitió específicamente cuatro cargos, entre ellos tráfico internacional de drogas y participación en una organización criminal, al mismo tiempo que aceptó su papel de líder en el Cártel de Sinaloa. Visiblemente afectado, declaró estar deprimido y bajo medicación.
Según el documento de 36 páginas presentado por la fiscalía, Guzmán López cooperará con distintas dependencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluidas las fiscalías de Illinois, California y Nueva York, además de la Sección de Narcóticos. Esto significa que podría aportar detalles cruciales no sólo sobre el funcionamiento interno del Cártel de Sinaloa, sino también sobre posibles redes de corrupción y lavado de dinero que facilitaron sus operaciones.
En el terreno político, el caso desató un cruce de declaraciones entre el abogado defensor de Ovidio, Jeffrey Lichtman, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El litigante afirmó que el gobierno mexicano no estuvo involucrado en el acuerdo negociado con Washington, al tiempo que calificó de “absurdo” pensar que Estados Unidos debía compartir o consensuar con México la estrategia para reducir la sentencia de Guzmán López.
Por su parte, Sheinbaum calificó como ofensivas las expresiones del abogado, criticó que Estados Unidos primero catalogue a los cárteles como organizaciones terroristas y después negocie con sus cabecillas, y recordó que la soberanía de México debe respetarse en estos casos. La Fiscalía General de la República también intervino, tachando las declaraciones de Lichtman como mero “oportunismo mediático”.
Lejos de retroceder, el abogado respondió que Sheinbaum actúa “más como un brazo de relaciones públicas del cártel que como jefa del Estado mexicano”, avivando una tensión diplomática que podría escalar.
El caso Ovidio Guzmán, además de sus implicaciones judiciales, deja entrever un complicado entramado político y diplomático que continuará desarrollándose en los próximos meses, mientras el otrora poderoso capo se convierte en pieza clave para desarticular —al menos desde el papel— parte del crimen organizado que por décadas ha desafiado al gobierno mexicano y atizado la violencia en el país.
