Querétaro. Querétaro conmemoró el Bicentenario de su Poder Judicial con una sesión extraordinaria, pública y solemne celebrada en el Teatro Metropolitano, al cumplirse 200 años de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ocurrida el 3 de junio de 1826.
Como parte central de la ceremonia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó la presentación de una iniciativa de ley para restituir la denominación histórica de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro, nombre con el que nació esta institución y que representa su origen, identidad y evolución dentro de la vida jurídica de la entidad.
Durante su mensaje, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, destacó que la justicia constituye uno de los pilares esenciales para la convivencia, la paz social y el Estado de Derecho. Subrayó que, a lo largo de dos siglos, la institución ha acompañado la construcción democrática de Querétaro mediante la resolución de conflictos y la protección de derechos.
“Hoy los jueces dictamos sentencias, pero no somos dictadores. Nuestras decisiones deben fundarse siempre en el derecho, en la Constitución y en la dignidad de las personas”, expresó ante representantes de los tres Poderes del Estado, autoridades jurisdiccionales, colegios de profesionistas, académicos y ciudadanía.
Guerra Urbiola señaló que el Poder Judicial queretano vive una etapa de evolución, marcada por el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias y por la incorporación responsable de nuevas tecnologías, con el propósito de acercar la justicia a las personas sin perder su dimensión humana.
En la ceremonia también participó el gobernador Mauricio Kuri González, quien reconoció los primeros 200 años de vida institucional del Poder Judicial y afirmó que las instituciones se fortalecen todos los días con trabajo, convicción y servicio. Asimismo, destacó la importancia de preservar la autonomía e independencia de este Poder como garantía de paz, certeza jurídica y confianza para Querétaro.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Estado, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, llamó a refrendar el compromiso con una justicia sensible, cercana a la sociedad y respetuosa de la legalidad. Posteriormente, entregó de manera simbólica ejemplares históricos del Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, que contienen el decreto mediante el cual la Legislatura declaró al 2026 como Año del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro.
Como parte de los actos conmemorativos, el magistrado presidente dio lectura al Acta de Instalación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro, fechada el 3 de junio de 1826, documento fundacional de una de las instituciones más relevantes para la vida jurídica y democrática del estado.
La conmemoración incluyó además la cancelación oficial de la estampilla postal del Bicentenario, encabezada por la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, quien destacó que el timbre reconoce la labor de quienes imparten justicia. También se realizó la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional, cuya directora general, Olivia Salomón Vibaldo, resaltó la importancia de preservar y difundir la memoria histórica de esta institución.
En su intervención, Braulio Guerra llamó a juezas, jueces, magistradas y magistrados a ejercer su labor con responsabilidad, sensibilidad y conciencia social, al recordar que detrás de cada resolución existen personas, familias y comunidades que esperan una respuesta justa.
“Mientras exista justicia, existirá futuro”, afirmó.
El magistrado presidente sostuvo que el Bicentenario no sólo representa una oportunidad para honrar el legado de quienes fundaron el Poder Judicial queretano, sino también una responsabilidad hacia las generaciones futuras, con instituciones sólidas, paz social y Estado de Derecho.
Con esta conmemoración, el Poder Judicial del Estado de Querétaro refrendó su compromiso de seguir construyendo una justicia cercana, humana, innovadora y al servicio de las personas, en una entidad que reconoce en sus instituciones uno de los fundamentos de su estabilidad y desarrollo.
