Querétaro. Paul Ospital Carrera, diputado del PRI en la LX Legislatura, logró la aprobación de una reforma constitucional que impedirá a los deudores alimentarios morosos ocupar cargos públicos en Querétaro. Esta medida se enmarca en la Ley 3 de 3, presentada en febrero de 2023, y también afecta a aquellos condenados por delitos sexuales o violencia política de género.
Durante la sesión plenaria de la LX Legislatura, se dio luz verde a la iniciativa que reforma los artículos 8 y 28 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro y el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. La propuesta, presentada junto con la diputada Graciela Juárez Montes, busca excluir de la vida política a aquellos que han abandonado sus responsabilidades familiares y han perpetrado actos de violencia contra las mujeres.
Ospital Carrera subrayó la importancia de esta reforma: «Esta Ley 3 de 3 es un paso más para cerrarle la puerta de la participación política y acceso al poder a violentadores y deudores que dejaron a su familia abandonada y a quienes violentan a las mujeres por razón de género». Además, recordó que esta iniciativa ya ha sido presentada en otros estados como Yucatán, Sonora, Baja California y Morelos.
La gravedad de la situación en Querétaro fue destacada por el diputado, quien señaló que el estado ocupa el tercer lugar en violencia contra las mujeres, con un 75.2% de incidencia. En el ámbito educativo, Querétaro ostenta el primer lugar con un 40.3% de violencia contra la mujer en las escuelas. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 88.4% de las mujeres que sufren violencia no lo denuncian ante las autoridades.
La reforma establece que aquellos condenados como deudores alimentarios, agresores por delitos sexuales o violencia familiar, y por violencia política contra las mujeres, no podrán ser candidatos ni ocupar cargos como gobernador, presidente municipal, regidor, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos, consejero electoral ni comisionado de Transparencia y Acceso a la Información.
Ospital Carrera concluyó su intervención con un contundente mensaje: «Lo que queremos es nombrar a estos violentadores y deudores como son, unos delincuentes, y los delincuentes no pueden estar en los cargos públicos de Querétaro». Esta reforma representa un esfuerzo significativo por parte de la Legislatura para proteger a las familias y asegurar que quienes han infringido la ley no puedan acceder a puestos de poder en el estado.
