Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. La decisión, tomada en las acciones de inconstitucionalidad 172/2023 y sus acumuladas 173/2023, 174/2023 y 175/2023, responde a las demandas presentadas por los partidos políticos Morena del Estado de Querétaro, del Trabajo y Morena nacionales, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Corte identificó diversas violaciones durante el proceso legislativo que llevaron a la invalidación del decreto. Entre las irregularidades destacan:
- Falta de conocimiento del dictamen legislativo por parte de los legisladores: La Corte determinó que no se garantizó a los legisladores el conocimiento del dictamen legislativo antes de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. Este incumplimiento constituye una violación de carácter invalidante.
- No cumplimiento de plazos legales: Se evidenció que no se respetaron los plazos legales establecidos para el proceso legislativo, lo que representa otra violación considerada como motivo de invalidez.
- Ignorancia de las circunstancias de falta de observancia de plazos: A pesar de que las circunstancias relacionadas con la falta de observancia de los plazos legales fueron informadas al Pleno del Congreso local, este hecho fue ignorado, constituyendo una omisión que afectó la validez del proceso legislativo.
- Discrepancias entre el dictamen y el decreto publicado: La SCJN encontró discrepancias sustanciales entre el dictamen aprobado y el decreto publicado en el Periódico Oficial de Querétaro el 15 de julio de 2023, lo que también contribuyó a la invalidez del proceso.
La SCJN estableció que, en caso de que el Congreso local decida legislar posteriormente al proceso electoral en curso, deberá llevar a cabo consultas entre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para respetar sus derechos.
Este fallo destaca la importancia de garantizar la legalidad y transparencia en los procesos legislativos, especialmente en temas tan sensibles como la legislación electoral.
