Ciudad de México. En una reciente declaración, Larry Rubin, presidente de la American Society, expresó su profunda preocupación y desacuerdo con las sugerencias realizadas por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en relación con la ocupación de bodegas pertenecientes a empresas estadounidenses. Rubin calificó estas acciones como irresponsables y carentes de legalidad, y destacó el importante papel que desempeñan estas compañías en la economía mexicana.
Rubin hizo hincapié en que las empresas estadounidenses mencionadas cumplen con todas sus obligaciones fiscales, generan empleo y realizan inversiones en México. En este sentido, señaló que es inaceptable que un funcionario de la posición del gobernador Rocha respalde la ilegalidad y el crimen, alentando acciones que incitan al delito.
La American Society exige una rectificación inmediata por parte del gobernador de Sinaloa, ya que consideran que este tipo de actos perjudican la imagen del estado y ahuyentan a los inversionistas serios que buscan contribuir de manera positiva al desarrollo de México. Rubin resaltó que sería más apropiado que el gobernador se enfoque en promover el crecimiento económico de su estado y atraer mayores inversiones, en lugar de realizar acciones que ponen en riesgo la estabilidad y la confianza de los inversionistas.
La American Society espera poder entablar un diálogo directo con el gobernador de Sinaloa para explicarle las consecuencias negativas de sus palabras y acciones, y así buscar una solución que favorezca el desarrollo económico de Sinaloa y de México en general.
La ocupación de bodegas pertenecientes a empresas extranjeras constituye un acto ilegal y atenta contra el Estado de derecho. Promover este tipo de acciones desde una posición gubernamental puede generar un clima de incertidumbre y desconfianza en el entorno empresarial, lo cual afecta directamente la inversión y el empleo en el país.
La American Society, como representante de las empresas estadounidenses en México, reitera su compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en el país, y espera que las autoridades actúen con responsabilidad y legalidad para fomentar un entorno favorable para la inversión extranjera y el crecimiento sostenible de la economía mexicana.
