Enero de 2026 no es un mes más en el calendario político mexicano. Ha iniciado formalmente el año preelectoral rumbo a 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y con ello comienza también una etapa de definiciones que pondrán a prueba la solidez de nuestra democracia.
Desde el oficialismo, Morena-Gobierno ha anunciado una reforma electoral que, de concretarse, representaría un serio retroceso institucional: la eliminación de la representación proporcional en los órganos legislativos federales y locales, así como en los ayuntamientos. Bajo el discurso de la “austeridad” y la “simplificación”, se esconde una intención evidente: anular a la oposición; no sólo a la oposición actual, sino también a cualquier fuerza política que en el futuro dispute el poder. La pluralidad, que tanto costó construir tras décadas de hegemonía, quedaría reducida a una mayoría artificial, incompatible con una democracia moderna.
A este escenario se suma la continuidad de la llamada “reforma judicial”, que en 2025 ya dejó lecciones preocupantes. La elección de integrantes del Poder Judicial por voto popular, lejos de fortalecer la justicia, ha abierto la puerta a perfiles sin la preparación técnica necesaria, pero con una lealtad política incuestionable. El regreso de prácticas como los “acordeones” confirma que el fraude no desapareció: se institucionalizó. La justicia, pilar del Estado de derecho, está en vías de convertirse en una extensión del régimen.
En Querétaro, el panorama no es menos complejo. En 2027 se renovará la Gubernatura, la Legislatura local, los ayuntamientos y el Poder Judicial, precedido por una reforma judicial local prevista para 2026. El enfrentamiento central será entre Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, particularmente por la Gubernatura. Durante este año se intensificarán las conversaciones políticas y las negociaciones para eventuales coaliciones.
En el bloque oficial local, la posibilidad de una coalición entre el PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) luce, por ahora, lejana. Las declaraciones del dirigente panista, abiertamente descalificadoras hacia el PRI –fuerza política que fue determinante para la obtención de varios espacios en 2024–, sugieren que el PAN no está dispuesto a construir una alianza formal. Esta postura debe encender todas las alertas. En el contexto de 2027 no existe un costo político más alto que perder el poder frente a Morena. La cerrazón, la soberbia o el cálculo de corto plazo pueden resultar letales: lo que está en juego exige pragmatismo, responsabilidad histórica y la madurez necesaria para anteponer la defensa de Querétaro y de la democracia por encima de intereses partidistas.
Del lado de Morena, las divisiones internas, los cacicazgos locales y la disputa por el control del partido amenazan con debilitar su estructura. Además, la eventual reforma electoral también afectaría a sus aliados nacionales, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), lo que podría complicar la conformación de una coalición rumbo a 2027.
En el ámbito internacional, el contexto resulta igualmente revelador. En América Latina, durante 2025 varios países renovaron a sus Ejecutivos y, en la mayoría de los casos, las urnas favorecieron propuestas contrarias al socialismo autoritario que tanto daño ha causado a la región. Este cambio de rumbo merece ser celebrado: los pueblos están reaccionando frente a modelos que prometieron justicia social y entregaron pobreza, censura y represión.
El tercer día de este año trajo una noticia de enorme simbolismo político: el operativo militar que derivó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Más allá de los detalles del caso, el mensaje es claro. El presidente estadounidense Donald Trump dio un manotazo en la mesa y recordó que las dictaduras no son intocables. Países como México, cuyo gobierno ha coqueteado peligrosamente con regímenes como el venezolano o el cubano, harían bien en tomar nota de lo ocurrido.
La lección es contundente: los gobiernos deben concentrarse en gobernar y gobernar bien, no en destruir los contrapesos democráticos para perpetuarse en el poder. Enero de 2026 abre un año decisivo. Lo que se discuta, se negocie y se decida en los próximos meses marcará el rumbo del país y de Querétaro por muchos años. La defensa de la democracia no admite ambigüedades ni silencios cómodos. Hoy, más que nunca, está en juego el futuro institucional de México, en general, y de Querétaro, en particular.
