Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado 3 de enero de 2026 que fuerzas estadounidenses ejecutaron un “ataque a gran escala” en Venezuela y que el dictador Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, fue capturado y trasladado fuera del país. El anuncio lo hizo a través de Truth Social y adelantó que ampliará la información en una conferencia desde Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 horas.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la operación habría sido ejecutada por Delta Force, unidad de élite del Ejército de EU, y se desarrolló durante la madrugada en Caracas, tras una serie de explosiones que se escucharon alrededor de las 2:00 a.m. (hora local), con impactos en instalaciones militares y zonas estratégicas de la capital venezolana.
En una breve entrevista telefónica citada por The New York Times, Trump celebró el resultado y describió el operativo como “brillante”, atribuyéndolo a “buena planificación” y a “tropas excelentes”. Al mismo tiempo, evitó responder de fondo sobre si contó con autorización del Congreso para la intervención, tema que –según medios– se ha convertido en uno de los principales puntos de debate en Washington, junto con el alcance legal y diplomático de la acción militar.
El trasfondo judicial tampoco es menor. Maduro fue acusado en 2020 en una corte estadounidense por cargos relacionados con narcoterrorismo, expediente que Washington ha usado durante años para sustentar sanciones y presiones contra el círculo de poder en Caracas. En ese contexto, la captura anunciada por Trump pretende presentarse como un golpe directo contra la estructura que, según EE.UU., habría facilitado redes criminales y debilitado el Estado de derecho en Venezuela.
Para América Latina, el episodio abre un debate de alto voltaje: por un lado, el mensaje político que implica ver caer –al menos según la versión de Washington– a un gobernante acusado de aferrarse al poder con respaldo militar y controles institucionales; por otro, el precedente de una intervención que reaviva heridas históricas en la región y plantea interrogantes sobre soberanía, legalidad internacional y estabilidad. Analistas citados por medios internacionales advierten que, aun con la salida de Maduro, la gran incógnita es qué sigue: la estructura armada interna, el vacío de mando y la disputa por el control del aparato estatal pueden detonar escenarios impredecibles.
Lo cierto es que, más allá de la discusión jurídica, el hecho sacude el tablero continental y funciona como advertencia para los regímenes que, bajo banderas socialistas, han consolidado modelos de poder personalista, opacidad y represión. El desenlace inmediato dependerá de las pruebas que presente Estados Unidos, del estado real de Maduro y de la reacción dentro de Venezuela, donde el mando político y militar entra, desde hoy, en terreno incierto.
