Oaxaca. La mañana de este domingo se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en su Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, hecho que dejó un saldo preliminar de al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina (Semar).
Según el reporte inicial, en el convoy viajaban aproximadamente 250 personas al momento del accidente. La dependencia federal detalló que, tras las labores de auxilio, 139 pasajeros fueron localizados fuera de peligro, mientras que 98 resultaron con diversas lesiones; de estos últimos, 36 requirieron hospitalización y el resto presentó heridas que no ponen en riesgo su vida.
El siniestro provocó un amplio operativo de búsqueda, rescate y atención médica en la zona. Durante las acciones, la Semar desplegó un total de 360 elementos navales, apoyados con 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el objetivo de ubicar y asistir a todas las personas afectadas por el descarrilamiento.
Ante la magnitud de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue inmediato de su gabinete a Oaxaca. Asimismo, instruyó que la Secretaría de Gobernación asumiera la coordinación de las labores de atención a los afectados y reconoció el respaldo del gobierno estatal y de sus equipos de emergencia durante la respuesta inicial.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en sus unidades médicas se brinda atención a por lo menos 62 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir valoración y tratamiento especializado.
En el ámbito legal, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento. Agentes del Ministerio Público Federal, personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) trabajan de manera coordinada con autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico.
Las investigaciones buscan establecer responsabilidades y determinar si existieron fallas técnicas, humanas o de mantenimiento en una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico del sur-sureste del país, cuya seguridad y operación han sido presentadas como prioritarias por el Gobierno federal.
