Ciudad de México. La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque lo hizo en medio de una fuerte división política que incluso alcanzó a los partidos aliados del oficialismo. El dictamen fue aprobado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral únicamente con los votos de Morena, mientras que PT, PVEM y toda la oposición votaron en contra.
El proyecto obtuvo 45 votos a favor y 39 en contra en el cómputo global de ambas comisiones. En la Comisión de Puntos Constitucionales se avaló con 25 votos en pro y 21 en contra, mientras que en la Comisión de Reforma Política-Electoral se aprobó con 20 sufragios favorables frente a 18 negativos. Con ello, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro para su discusión en el pleno.
La aprobación en comisiones fue posible debido a que en esa instancia basta con mayoría simple. Sin embargo, el escenario cambia en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requiere mayoría calificada —al menos 334 votos— para modificar la Constitución. Sin el respaldo de sus aliados tradicionales, Morena apenas alcanzaría alrededor de 253 votos, por lo que diversos legisladores anticipan que la iniciativa podría ser rechazada.
Durante el debate, que se desarrolló en una sesión relativamente breve con intervenciones limitadas a tres minutos por legislador, los partidos de oposición cuestionaron tanto el contenido como el proceso de elaboración de la propuesta. Entre las voces críticas destacó la participación de la diputada queretana del PRI, Abigail Arredondo, quien adelantó el voto en contra de su bancada y acusó que el dictamen omite problemas estructurales del sistema electoral.
La legisladora señaló que la iniciativa no aborda asuntos centrales como la intervención del crimen organizado en las elecciones, el financiamiento ilícito de campañas, la violencia política, el llamado “chapulineo” legislativo ni la sobrerrepresentación partidista. También advirtió que el uso de programas sociales con fines electorales sigue siendo un tema pendiente en el sistema democrático mexicano.
Arredondo cuestionó además la forma en que se elaboró la propuesta, al considerar que carece de legitimidad política.
“Ninguna de estas propuestas las vimos reflejadas en el dictamen, que carece de gran legitimidad, porque fue hecha en la clandestinidad, en lo oscurito. Fue hecha, me da vergüenza decirlo, en una oficina de Palacio Nacional, y así no se construyen los acuerdos”, afirmó la legisladora queretana, quien calificó el proyecto como una “simulación”.
A su juicio, la iniciativa busca en realidad concentrar el poder político y no fortalecer la democracia, a diferencia de otras reformas electorales impulsadas en décadas anteriores.
“Las reformas de 1976, 1990, 1994, 2008 y 2014 se construyeron desde la oposición y la ciudadanía, no desde el poder. Por eso el PRI va en contra, porque quieren eliminar a la competencia y no toleran la crítica”, sostuvo.
Otro posicionamiento relevante fue el del diputado queretano Ricardo Astudillo, del Partido Verde Ecologista de México, quien confirmó que su grupo parlamentario tampoco acompañaría el dictamen, marcando una ruptura con Morena en este tema.
El legislador reconoció que el proyecto contiene algunos avances y que su partido coincide con ciertos puntos del planteamiento presidencial; sin embargo, sostuvo que aún existen elementos que deben perfeccionarse para garantizar condiciones de equidad electoral.
“Al analizarlo a profundidad, consideramos que aún existen aspectos que pueden perfeccionarse para garantizar un principio fundamental: la equidad en la contienda electoral y las reglas de competencia”, expresó.
Astudillo añadió que la propuesta puede fortalecerse mediante el diálogo y ajustes que permitan asegurar que todas las fuerzas políticas compitan en condiciones justas, lo que contribuiría a mantener la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
Por su parte, el Partido del Trabajo también se distanció del dictamen. El diputado Pedro Vázquez González señaló que para su partido no fue una decisión sencilla, pero subrayó que el sistema de representación proporcional ha sido históricamente un mecanismo para dar voz a las minorías políticas.
En contraste, los legisladores de Morena defendieron la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo federal. Argumentaron que la reforma responde a demandas sociales para modificar el sistema electoral, reducir el financiamiento público a los partidos y revisar el mecanismo de asignación de diputados de representación proporcional.
Mientras tanto, en San Lázaro ya circulan versiones de que, ante la probable falta de votos suficientes para aprobar la reforma constitucional, el oficialismo podría impulsar la próxima semana un nuevo paquete de modificaciones en materia electoral, conocido como “Plan B”.
El debate en el pleno de la Cámara de Diputados está previsto para la sesión de este miércoles, donde se espera que los coordinadores parlamentarios de las distintas bancadas concentren las intervenciones para evitar una confrontación mayor durante la discusión del dictamen.
