Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que será enviada el lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión. El proyecto contempla 10 ejes que, de acuerdo con el Gobierno federal, buscan reducir costos, fortalecer la fiscalización y acotar prácticas como el nepotismo y la reelección consecutiva.
Acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mandataria detalló que la propuesta incluye la eliminación de las listas plurinominales de los partidos políticos para la representación proporcional del Congreso de la Unión, así como una reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones.
En cuanto a la integración del Congreso, se plantea que la Cámara de Diputados mantenga 500 integrantes, todos por votación directa. De ellos, 300 serían electos por mayoría relativa y 200 mediante representación proporcional bajo una nueva fórmula: 97 candidaturas que, sin haber ganado, obtuvieron los mejores resultados de su partido; 95 por votación directa por circunscripción y por partido político —eligiendo un hombre y una mujer— y ocho espacios reservados para mexicanos residentes en el extranjero.
El Senado quedaría conformado por 96 integrantes: 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría.
Uno de los puntos centrales es la reducción del gasto electoral. La propuesta contempla disminuir recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, organismos públicos locales electorales (OPLES) y tribunales electorales. Además, se reducirían bonos y sueldos de consejeros y altos mandos del INE, en apego al artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede percibir más que la presidenta de la República. También se eliminarían duplicidades de funciones en órganos electorales y se reduciría el gasto tanto del Congreso federal como de los congresos locales. En el ámbito municipal, se propone disminuir el número de regidurías conforme a la población, con un tope máximo de 15.
En materia de fiscalización, el INE tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas. Se prohibirían las aportaciones en efectivo y los recursos deberán manejarse dentro del sistema financiero, con apoyo de herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia.
La reforma también contempla facilitar el voto de mexicanos en el extranjero, particularmente para la figura de diputación migrante, así como reducir los tiempos oficiales en radio y televisión durante el periodo electoral, que pasarían de 48 a 35 minutos diarios por emisora.
Otro de los apartados novedosos es la regulación del uso de Inteligencia Artificial y la prohibición de bots u otros mecanismos artificiales en redes sociales durante procesos electorales, con el objetivo de evitar manipulación digital y desinformación.
En cuanto a los cómputos distritales, se establece que iniciarán al término de la jornada electoral, lo que, según el Ejecutivo, dará mayor certeza y agilidad a los resultados.
La iniciativa también busca fortalecer la democracia participativa mediante la incorporación y ampliación de figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, extendiendo estos mecanismos a estados y municipios. Se permitirá además el uso de tecnologías como el voto electrónico en dichos instrumentos.
Finalmente, se retoman dos principios que han sido bandera del actual gobierno: la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular —impidiendo que familiares directos hereden posiciones— y la no reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
El proyecto será turnado al Congreso para su análisis y eventual discusión, en un contexto político donde la reforma electoral vuelve a colocarse en el centro del debate nacional sobre el equilibrio institucional, el uso de recursos públicos y la calidad de la representación democrática en el país.
