Querétaro. La Reforma Judicial es un pretexto para controlar y eliminar los últimos contrapesos que le quedan al presidente, aseguró Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
«Consideramos que, detrás de esta reforma, hay una intención de control político, más que un verdadero interés por la justicia«, afirmó Arredondo Ramos. Según la dirigente priista, una reforma judicial debería estar orientada a beneficiar a México y garantizar la imparcialidad en el acceso a la justicia.
Arredondo subrayó la importancia de analizar a fondo la propuesta y determinar si responde a lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otros tribunales internacionales consideran un «fin justificado». La presidenta del PRI sugirió que la iniciativa del presidente y de Morena podría ser más un señuelo para obtener el control del Poder Judicial que una verdadera reforma para mejorar el sistema de justicia.
El gobierno federal justifica la reforma bajo la premisa de que el Poder Judicial está plagado de corrupción y que sus funcionarios responden a intereses particulares y defienden a delincuentes. Sin embargo, Arredondo Ramos cuestionó la falta de datos concretos que respalden estas afirmaciones. «Hasta el momento no han mostrado un solo diagnóstico serio y preciso, con estadísticas o datos exactos, que nos permitan conocer con objetividad cuántos jueces, magistrados o ministros han sido acusados de corrupción o mal uso de funciones», señaló.
La dirigente estatal del PRI también recordó que varios expertos han advertido que la designación de jueces y magistrados por voto directo no acabará con la corrupción, sino que, al contrario, la fomentará. «Quienes aspiren a esos cargos dejarán de lado el mérito de sus carreras para salir a las calles a buscar ‘patrocinadores’ y simpatías», advirtió.
Para Abigail Arredondo, los jueces deben ser mujeres y hombres con probada honestidad, experiencia y capacidad en el ámbito judicial, y no ser elegidos por voto popular. Sostuvo que la modificación de los procesos de nombramiento podría permitir al Ejecutivo tener un mayor control sobre el Poder Judicial, eligiendo a personas leales al gobierno en lugar de profesionales imparciales y competentes.
Finalmente, Arredondo Ramos subrayó que lo que la población realmente necesita es un sistema de justicia eficiente. La reforma debería tocar todas las instancias y procedimientos que enfrentan los ciudadanos, conceptos que actualmente están ausentes en la iniciativa. «La opinión de cámaras, colegios, universidades, organizaciones de abogados y la sociedad civil en general sería muy enriquecedora. En lugar de eso, vemos un debate cerrado y sesgado», criticó.
Para la también diputada federal electa, mejorar el sistema de impartición de justicia requiere corregir la logística de las instituciones, aligerar los procedimientos y abrir más áreas de apoyo para los sectores vulnerables, en lugar de imponer cambios que podrían socavar la independencia judicial.
