Querétaro. La LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen en materia de reforma al Poder Judicial local, con lo que la entidad avanza en la adecuación de su marco constitucional de cara al nuevo modelo de justicia y al proceso electoral de 2027.
De acuerdo con el contenido del dictamen, la reforma parte de la necesidad de mantener actualizada la Constitución local, con un texto preciso y congruente con la Constitución federal, evitando duplicidades y privilegiando el principio de supremacía constitucional. En ese sentido, los legisladores determinaron priorizar, por ahora, la modificación del texto constitucional, dejando para una etapa posterior el análisis detallado de la legislación secundaria, la cual será indispensable para aterrizar las reglas del nuevo esquema judicial.
Entre los principales alcances expuestos en tribuna, destaca la elección popular de jueces y magistrados, la sustitución del Consejo de la Judicatura por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, así como la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales, con el objetivo de evitar concentraciones de poder y fortalecer controles internos. También se contempla la participación de los tres Poderes del estado en la postulación de candidaturas, la homologación de requisitos con la Constitución federal, criterios de mérito, transparencia y paridad, además de garantías para la independencia judicial mediante protección salarial y reglas de austeridad y fiscalización.
En la discusión, distintas voces a favor subrayaron que la reforma busca acercar la justicia a los ciudadanos, abrir paso a una mayor rendición de cuentas y construir un Poder Judicial más transparente y más vinculado con la sociedad. Incluso entre quienes expresaron reservas sobre algunos puntos, hubo coincidencias en la relevancia de profesionalizar la función jurisdiccional y de preservar mecanismos de formación, capacitación y evaluación para quienes aspiren a impartir justicia en el estado.
Uno de los ajustes aprobados fue la reserva presentada por el diputado Arturo Maximiliano García Pérez al artículo Cuarto Transitorio, con la que se estableció el procedimiento para cubrir vacantes definitivas de magistraturas antes de la entrada en funciones de quienes resulten electos en 2027. La modificación fija que, en caso de separaciones definitivas, la Legislatura podrá designar sustituciones por mayoría calificada, previa propuesta del Consejo de la Judicatura, y delimita con claridad la temporalidad y condiciones de esos nombramientos.
En contraste, las reservas formuladas por las diputadas Claudia Díaz Gayou y Teresita Calzada Rovirosa, así como por el diputado Eric Silva Hernández, fueron rechazadas por el Pleno. Con ello, el dictamen quedó firme en sus términos esenciales y fue turnado a los 18 ayuntamientos del estado para continuar el procedimiento legislativo como parte del Constituyente Permanente.
La aprobación de esta reforma coloca a Querétaro en una nueva etapa de reorganización institucional, con una ruta definida para adecuar su sistema judicial a los cambios nacionales, pero procurando imprimirle criterios locales de orden, profesionalismo y funcionamiento. Lo que sigue será crucial: la construcción de las leyes secundarias, donde deberá cuidarse que la justicia no quede atrapada en intereses políticos ni en improvisaciones que desvirtúen su naturaleza técnica y su deber de servir con imparcialidad a la sociedad queretana.
