Ciudad de México. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 442 votos a favor, la iniciativa presentada por la diputada federal priista Abigail Arredondo Ramos para reformar los artículos 33 y 102 de la Ley General de Cambio Climático, con el objetivo de armonizarla con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y priorizar el transporte sustentable como eje para reducir el impacto ambiental en el país.
Desde la Tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora destacó la necesidad de fortalecer políticas públicas que impulsen medios de transporte menos contaminantes, de menor costo ambiental y social, así como la movilidad no motorizada, como parte de una estrategia nacional responsable frente al cambio climático.
Arredondo Ramos subrayó que la reforma busca generar un marco normativo congruente y alineado con una visión de desarrollo sustentable que permita enfrentar, con seriedad institucional, uno de los mayores desafíos globales.
“El cambio climático no es una consigna ideológica, sino una realidad que exige acciones concretas y responsables. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debe asumirse como una prioridad nacional”, expresó.
De acuerdo con datos citados por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras el promedio mundial de calentamiento es de aproximadamente 2 grados centígrados por siglo, en México la tasa de incremento alcanza los 3.2 grados, lo que incrementa la vulnerabilidad ambiental.
Entre los principales efectos se encuentran el aumento de sequías, estrés hídrico, incendios forestales, precipitaciones extremas, inundaciones y la disminución en la producción agrícola. Asimismo, estudios advierten que las altas temperaturas pueden generar afectaciones emocionales como irritabilidad y conductas violentas, lo que impacta también en la estabilidad social.
La diputada puntualizó que el sector transporte es responsable de alrededor del 25 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en México, por lo que avanzar hacia alternativas más limpias y eficientes contribuirá al cumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental, sin descuidar la competitividad económica.
Tras su aprobación en la Cámara baja, el dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
