Ciudad de México. El conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) escaló este fin de semana y dejó al descubierto una nueva confrontación entre el gobierno federal y una de las instituciones académicas más relevantes del país. El director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, rechazó dejar el cargo pese a que el Órgano de Gobierno habría decidido su separación, y acusó que no existe base legal para una destitución anticipada, lo que refuerza la percepción de una persecución política contra la autonomía académica.
En un comunicado dirigido a las y los integrantes del Órgano de Gobierno del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Romero sostuvo que la legislación vigente no permite la remoción del titular de la Dirección General mediante acuerdos informales o decisiones de carácter político. Afirmó que, mientras no se acrediten causas legales expresas ni se siga el debido proceso, conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias.
El director general recordó que tanto el Estatuto del CIDE como la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación establecen procedimientos claros y estrictos para una eventual remoción, los cuales incluyen una sesión formal del Órgano de Gobierno, un punto específico en el orden del día, constancia en actas y la intervención de instancias técnicas de evaluación. “La legislación vigente excluye cualquier forma de separación basada en decisiones informales o acuerdos políticos carentes de sustento jurídico”, subrayó.
Romero Tellaeche fue enfático al señalar que no tiene intención de apartarse del cargo y reiteró su disposición a continuar al frente de la institución en tanto no se cumpla el procedimiento legal correspondiente. En su mensaje, advirtió que cualquier intento de remoción al margen de la ley no sólo vulnera sus derechos, sino que sienta un precedente grave para la vida institucional del CIDE.
El episodio se suma a una larga serie de tensiones entre el gobierno federal y comunidades académicas, que han denunciado una política sistemática de control, hostigamiento y debilitamiento de instituciones autónomas. Para amplios sectores universitarios, el caso del CIDE confirma una estrategia de presión política que pone en riesgo la legalidad, la estabilidad institucional y la libertad académica en México.
