Ciudad de México. Mientras la prohibición de venta de comida chatarra en escuelas mexicanas, establecida en la Ley General de Salud, entró en vigor desde el pasado 26 de marzo, varias universidades privadas han logrado suspensiones judiciales que les permiten mantener estos productos en sus instalaciones.
Las instituciones que obtuvieron el amparo son la Universidad Iberoamericana (IBERO), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey) y la Universidad Panamericana (UP). Todas ellas argumentaron que su población estudiantil está compuesta por adultos capaces de tomar decisiones informadas sobre su alimentación, por lo que las restricciones impuestas por el Estado no aplican en su caso.
La Ley General de Salud establece restricciones para la venta de productos procesados y bebidas azucaradas en planteles de educación básica y media superior. Sin embargo, el marco legal no especifica su aplicación en el nivel superior, lo que abrió la puerta a los recursos judiciales.
Jueces y tribunales federales concedieron suspensiones definitivas a estas universidades, congelando la aplicación de las nuevas normas bajo el argumento de que la intervención estatal en decisiones personales de adultos no encuentra sustento constitucional. Además, señalaron que la medida no es adecuada para proteger a menores en planteles donde coexisten con estudiantes universitarios, ya que corresponde a los comercios separar la oferta de productos según el nivel educativo.
El caso también involucró a empresas distribuidoras como Maison Kayser, con presencia en campus del Tec de Monterrey y la IBERO, que logró una suspensión para seguir ofreciendo sus productos. En total, al menos 13 empresas más han solicitado amparos similares.
En contraste, la Secretaría de Educación Pública (SEP) defendió la regulación como una medida orientada al interés público, enfocada en prevenir enfermedades como la obesidad y fomentar hábitos saludables desde temprana edad. La dependencia advirtió que suspender estas disposiciones afecta directamente los esfuerzos por mejorar la salud pública.
Pese a los argumentos del gobierno federal, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió que la restricción no puede aplicarse de forma indiscriminada a adultos, incluso dentro de instituciones educativas.
En tanto, universidades como la UVM y la Unitec decidieron desistirse de sus juicios, aceptando los lineamientos de la SEP.
El fallo ha generado un amplio debate entre especialistas en salud pública y defensores de la autonomía universitaria. Mientras unos advierten que la libre comercialización de productos ultraprocesados puede afectar la salud de los jóvenes, otros sostienen que prohibir su consumo en adultos es una forma de paternalismo estatal.
Por ahora, las universidades amparadas seguirán operando bajo sus propios criterios alimentarios, en espera de que se defina si este tipo de regulaciones deben aplicarse también a los espacios de educación superior.
