Ciudad de México. México atraviesa uno de los momentos epidemiológicos más delicados de los últimos años con un brote de sarampión que ya se ha confirmado en las 32 entidades federativas, una expansión inédita que pone en entredicho la capacidad de respuesta del Gobierno federal encabezado por Morena. Al 19 de enero de 2026, el país acumula más de 7 mil 168 casos confirmados y 24 defunciones asociadas a esta enfermedad viral altamente contagiosa, según el Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
El brote, iniciado en febrero de 2025, provocó además un golpe severo al prestigio sanitario de la región. Antes de este episodio, América era la única zona del mundo con estatus de libre de sarampión, certificación que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya retiró, evidenciando el retroceso de las políticas públicas de prevención en México tras años de debilitamiento del sistema de vacunación.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció que la OPS otorgó a México un plazo de apenas dos meses para contener el brote antes de la revisión del estatus sanitario internacional, prevista para el 13 de abril de 2026. El funcionario admitió que el país se encuentra bajo observación internacional, al mismo nivel que otras naciones que ya han perdido dicha certificación. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la magnitud del problema y con la falta de autocrítica sobre las decisiones tomadas en los últimos años por el Gobierno federal.
El origen del brote se localiza en Chihuahua, donde en febrero de 2025 se detectaron los primeros casos, mayoritariamente vinculados a esquemas de vacunación incompletos o inexistentes. Desde entonces, el virus se propagó sin control efectivo a 252 municipios en todo el territorio nacional. Chihuahua concentra 4 mil 495 contagios, seguida de Jalisco con mil 020 y Chiapas con 430. Michoacán y Guerrero también presentan cifras alarmantes, con 261 y 248 casos respectivamente, mientras que estados que históricamente registraban mínima incidencia ya reportan contagios confirmados.
Aunque las autoridades federales han señalado que sólo alrededor del cinco por ciento de los casos se mantienen activos, esta cifra no logra disipar la preocupación pública ni la percepción de improvisación. Especialistas y voces críticas advierten que el brote es consecuencia directa del abandono de campañas sistemáticas de vacunación, la desarticulación de programas preventivos y la politización del sector salud durante los gobiernos de Morena.
En materia de vacunación, Kershenobich aseguró que el país dispone de 23 millones 529 mil dosis contra el sarampión y que se han aplicado más de 11 millones desde el inicio del brote. También afirmó que existe abasto suficiente para los próximos dos años. No obstante, estos anuncios llegan tarde para miles de familias afectadas y no explican por qué, pese a contar con vacunas, el país permitió que una enfermedad erradicada reapareciera con tal fuerza.
El brote de sarampión no sólo es una crisis sanitaria, sino un reflejo del deterioro institucional en el sector salud bajo la administración federal. La pérdida del estatus internacional, el número de muertes evitables y la expansión nacional del virus exhiben un fracaso que el Gobierno de Morena no ha logrado asumir con responsabilidad, mientras México paga las consecuencias de decisiones ideológicas y recortes que hoy pasan factura en vidas humanas.
