Ezequiel Montes, Qro. Regidores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) del Ayuntamiento de Ezequiel Montes solicitaron la revocación del acuerdo que autoriza la donación de un predio al gobierno federal para el programa “Viviendas para el Bienestar”, al considerar que se aprobó con información incompleta y sin consenso del Cabildo.
Bajo el lema “Regidores Unidos”, seis integrantes del cuerpo edilicio —cuatro de Morena y dos del PAN— acusaron al presidente municipal, Iván Reséndiz Ramírez, de imponer decisiones de manera unilateral, generar división interna y ocultar datos relevantes sobre las condiciones del terreno ubicado en Bernal.
“La narrativa de división, los discursos de odio y el papel de víctima sólo están provocando caos en todos los niveles. El autoritarismo y el egocentrismo son una bomba de tiempo que tendrá graves consecuencias”, advirtió Gabriela Montes Olvera, síndica morenista.
Los regidores denunciaron que la superficie y uso de suelo del predio aprobado para donación no corresponden con lo presentado originalmente. Según afirmaron, se trata de un terreno destinado en el plan de desarrollo municipal para equipamiento urbano, no para uso habitacional, por lo que su cesión sería improcedente.
“No estamos en contra del programa federal”, aclaró el regidor Guillermo Ramírez Carvajal, “pero sí de la imposición de un predio que no cumple con los requisitos legales ni fue evaluado de manera técnica”.
Claudia Peregrino Flores lamentó la falta de diálogo en la actual administración y criticó el manejo de la comunicación oficial: “Gobernar desde las redes sociales sólo confunde, destruye y divide. Hace falta apertura real”.
Desde Acción Nacional, Javier Uber Montes Vega y Priscila Ocampo Orozco respaldaron el llamado a revertir la donación aprobada el 9 de abril, al considerar que se votó con información contradictoria y sin la debida consulta con el Cabildo.
Además, las regidoras Graciela Arteaga y Claudia Peregrino denunciaron el incumplimiento de compromisos en comunidades como Villa Progreso, y señalaron un creciente descontento por decisiones tomadas sin evaluar su impacto colectivo.
Los seis regidores exigieron que el procedimiento se corrija, se convoque a una nueva revisión técnica y jurídica del caso, y se tomen decisiones en un marco de legalidad y transparencia. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, concluyeron.
