Querétaro. A 48 horas del arranque del ciclo escolar 2025-2026 entró en vigor la denominada “Ley Kuri”, una reforma legal que busca proteger a niñas, niños y adolescentes del uso indebido de dispositivos móviles y del acceso irrestricto a redes sociales digitales.
La norma, publicada en el periódico oficial del estado La Sombra de Arteaga, reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y el Código Penal local, prohibiendo el uso de celulares en los salones de clase de escuelas de educación básica y regulando la inscripción de menores en plataformas digitales.
La disposición establece que los menores de 14 años no podrán acceder a redes sociales. En el caso de adolescentes entre 14 y 17 años, únicamente podrán registrarse con la autorización de sus padres o tutores. Asimismo, los datos de menores serán considerados “datos personales sensibles”, obligando a las plataformas a implementar medidas especiales de protección y filtros que impidan exponerlos a servicios inadecuados.
En el ámbito penal, la ley endurece castigos contra adultos que contacten a menores con fines sexuales. Quien lo haga por internet o cualquier tecnología similar podrá recibir entre 3 y 6 años de prisión, además de multas que van de mil a 2 mil UMAS. Estas penas aumentarán hasta en una tercera parte cuando se acredite coacción, intimidación o engaño. Igualmente, se contemplan sanciones de la misma magnitud para quienes soliciten o muestren material pornográfico a menores de edad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en Querétaro 437 mil 769 menores usan internet de manera regular, lo que equivale al 22.6% de la población total conectada. De ese universo, 179 mil 563 son niños de 6 a 11 años (9.3%) y 258 mil 206 adolescentes de 12 a 17 años (13.3%).
Con la entrada en vigor de la “Ley Kuri”, Querétaro se coloca a la vanguardia en la protección de la niñez frente a los riesgos del entorno digital, privilegiando el interés superior de los menores y reforzando la responsabilidad de los padres en la supervisión del uso de la tecnología.
