Ciudad de México. En un contundente testimonio, Salvador Cacho, un joven comunicólogo mexicano, ha expresado su decepción y desconfianza en el sistema judicial de México luego de que el juez Júpiter López Ruiz decidiera no vincular a proceso a su agresor sexual, identificado como Felipe «N». Cacho, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su propio tío durante su infancia, lamentó que el Estado mexicano haya fallado en su responsabilidad de impartir justicia.
El dolor de Cacho se acentúa al recordar que los delitos de pederastia y abuso sexual ya no prescriben, gracias a una reforma aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre de 2023. A pesar de haber tomado ocho años de terapia para sanar las heridas físicas y emocionales causadas por los abusos, se le negó la oportunidad de demostrar los crímenes cometidos en su contra.
El comunicólogo denunciante hizo hincapié en que la violencia sexual infantil es un problema grave y subestimado en la sociedad mexicana, con tasas alarmantes de impunidad. Según datos de Unicef, el 99% de los casos de abuso sexual infantil en México quedan impunes, lo que refleja una profunda falla en el sistema de justicia.
Cacho también señaló la falta de protección para las víctimas y sus familias, así como el riesgo de represalias por parte de los agresores que quedan en libertad. Criticó duramente al juez Júpiter López y cuestionó su capacidad para impartir justicia de manera imparcial, apuntando múltiples señalamientos de malos procedimientos judiciales e incluso de corrupción en su contra.
El comunicólogo anunció su intención de apelar la decisión del juez, confiando en que la apelación sea revisada por un magistrado más sensible y comprometido con el deber de proteger a las víctimas. Además, resaltó la importancia de proteger a las infancias del país y de enfrentar el problema del abuso sexual infantil de manera más efectiva.
En México, de cada mil abusos sexuales contra menores que se denuncian, solo el 10% llega a presentarse ante un juez, y de ese porcentaje, apenas el 1% recibe una sentencia condenatoria. Estas cifras ponen de relieve la urgente necesidad de reformar el sistema judicial para garantizar una verdadera justicia para las víctimas de abuso sexual infantil.
