Querétaro. El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro A.C., que será presidido por Edgardo Olvera Bocanegra, en una ceremonia en la que también participaron el magistrado presidente del Poder Judicial en la entidad, Braulio Guerra Urbiola, y el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.
Durante el acto, el funcionario estatal reconoció la trayectoria de las y los abogados penalistas queretanos, de quienes destacó su experiencia, prestigio profesional, inteligencia, tenacidad y vocación por la ley, cualidades que, sostuvo, contribuyen al fortalecimiento de un sistema de justicia más sólido y transparente.
En el marco de esta ceremonia también se formalizó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobierno y el Colegio de Abogados Penalistas, con el propósito de brindar servicios de orientación, asesoría y representación jurídica en materia penal, sin fines de lucro, a personas en condición de vulnerabilidad.
Gudiño Torres subrayó que ambas partes coincidieron en la necesidad de que la orientación y asesoría jurídica lleguen a quienes requieren información sobre sus derechos y sobre el desarrollo de sus procedimientos dentro del Sistema de Justicia Penal, con acompañamiento profesional y conforme a las disposiciones legales vigentes.
Precisó además que, si bien el Colegio de Abogados Penalistas manifestó plena disposición para cumplir con los objetivos del acuerdo, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Defensoría Penal Pública, dará seguimiento y complementará la participación de las y los litigantes en el ejercicio profesional de la defensa de sus representados, todo ello de manera estrictamente gratuita y sin generar obligación económica entre las partes.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en Querétaro, Edgardo Olvera Bocanegra, expresó el compromiso de los integrantes de este organismo para conducirse con integridad y honestidad, tanto frente a sus representados como ante las autoridades.
Detalló que el convenio contempla tres ejes de colaboración: la orientación jurídica en materia penal para personas en situación de vulnerabilidad; la asesoría especializada y el acompañamiento profesional; así como la realización de actividades de capacitación, orientación y difusión de derechos dirigidas a la ciudadanía y a servidores públicos, con el objetivo de reforzar el acceso a la justicia y la cultura de la legalidad.
